
La propuesta de venta de activos portuarios estratégicamente significativos por parte de CK Hutchison de Hong Kong a un grupo de inversión liderado por BlackRock ha desatado una tormenta de controversia, catapultando la transacción al complejo ámbito de la geopolítica internacional.
La creciente inquietud de Pekín sobre el acuerdo plantea preguntas cruciales sobre su futuro: ¿Puede China bloquear eficazmente la venta y qué arsenal de herramientas legales y políticas podría desplegar?
Un coro de preocupación: China expresa su descontento.
Los canales oficiales en Pekín, amplificados por los medios de comunicación controlados por el Estado, critican cada vez más el acuerdo propuesto.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao ha destacado comentarios que denuncian la venta de activos como una traición a los intereses nacionales de China, particularmente debido a la inclusión de instalaciones cerca del crucial Canal de Panamá.
Estas preocupaciones se centran en el potencial del acuerdo para otorgar a BlackRock una influencia sustancial sobre el transporte marítimo mundial, creando una situación en la que, según informes de medios estatales, BlackRock podría controlar el 10,4% del rendimiento mundial de contenedores, lo que posiblemente provocaría un aumento de los gastos y vulnerabilidades en la cadena de suministro para las empresas chinas.
Vías legales: explorando las opciones de China
Si bien la ubicación física de los puertos fuera del territorio chino aparentemente limita la autoridad reguladora directa de Pekín, los expertos legales sugieren posibles vías de intervención.
La Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) de China tiene la capacidad de ejercer lo que se conoce como jurisdicción extraterritorial en virtud de sus leyes antimonopolio.
Esto significa que la SAMR podría revisar la venta si considera que, aunque se produzca fuera de China, reduciría la competencia en el mercado interno chino.
Además, las autoridades podrían invocar las Medidas para la Revisión de Seguridad de las Inversiones Extranjeras, implementadas en 2021.
Felix Ng, socio del bufete de abogados Haldanes, explicó a Reuters que estas medidas eliminaban las exclusiones para las adquisiciones de empresas extranjeras y “sugieren que las autoridades de la República Popular China pueden tener la facultad de revisar las transacciones entre empresas extranjeras si el objetivo involucra entidades relacionadas con la República Popular China”.
A pesar de que CK Hutchison está oficialmente registrada fuera de China, sus extensas operaciones dentro del país podrían proporcionar a Pekín justificación para intervenir, aunque la empresa no ha comentado sobre el posible escrutinio.
Incertidumbre en la legislación de seguridad: un comodín
La ausencia de regulaciones en Hong Kong que exijan la supervisión gubernamental de las ventas de activos estratégicos deja un vacío, parcialmente cubierto por el amplio alcance de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 impuesta por Pekín.
Esta ley, destinada a combatir el terrorismo, la subversión, la secesión y la colusión con potencias extranjeras, conlleva penas severas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua.
Simon Young, profesor de derecho en la Universidad de Hong Kong, sugiere que las amplias disposiciones de la ley sobre “colusión” y “espionaje” podrían ser relevantes.
Según Young, el escrutinio bajo la Ley de Seguridad Nacional es posible, “dadas las sensibilidades… particularmente en lo que respecta a la colusión o el espionaje”.
Debe implicar acciones que puedan perturbar las políticas de los gobiernos chino o de Hong Kong y generar consecuencias graves.
Y según Young, el espionaje debe involucrar a quienes pretenden poner en peligro la seguridad nacional en beneficio de una fuerza externa.
El gobierno de Hong Kong no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre este asunto.
Más allá de las infracciones directas de las leyes de seguridad, los funcionarios de Hong Kong conservan un poder considerable para congelar los activos pertenecientes a individuos u organizaciones sospechosas de poner en peligro la seguridad nacional.
El artículo 29, que prohíbe las acciones que perturban las leyes y que probablemente causen consecuencias, también suscita preocupación.
La ley se aplica a residentes y no residentes.
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