Los reguladores del estado de Arkansas en Estados Unidos están discutiendo un proyecto de ley que busca restringir la minería de criptomonedas en áreas sensibles que albergan bases militares.
Presentada por el senador Ricky Hill y el presidente de la Cámara de Representantes, Brian Evans, el 15 de enero, el proyecto de ley busca prohibir la construcción de nuevas granjas de minería de criptomonedas dentro de un radio de 30 millas de instalaciones militares, hospitales, clínicas y arsenales.
Sin embargo, se permitirá la operación de las instalaciones que estén completamente en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2024.
Específicamente, el Proyecto de Ley del Senado (SB 60) enmendará la Ley de Centros de Datos de Arkansas de 2023, presentada originalmente por el Senador Estatal Joshua Bryant.
Este marco legal se introdujo para regular los centros de datos, incluidos los involucrados en la minería de criptomonedas, al delinear sus derechos y obligaciones.
La propuesta llega poco más de un mes después de que Hill, junto con el alcalde de la ciudad de Cabot, Ken Kincade, celebraran una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por la construcción de una nueva mina de criptomonedas cerca de la Base Aérea de Little Rock.
Cabe destacar que el sitio está a menos de 5 millas de la instalación militar.
En ese momento, Kincade dijo que las operaciones de minería de criptomonedas causan “perturbaciones ruidosas y contaminación que producen efectos negativos” para los lugareños y la vida silvestre, al tiempo que se comprometió a hacer “cualquier cosa” dentro de los límites legales para “eliminar” el sitio.
Mientras tanto, Hill cuestionó la decisión de construir la granja minera cerca de la base aérea militar, planteando preocupaciones sobre sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.
Si se aprueba, esta operación minera se cerrará de acuerdo con las nuevas restricciones.
Interstate Holdings, propietaria de la instalación en cuestión, ha criticado el proyecto de ley, y el vicepresidente de la empresa, Dustin Curtis, ha argumentado que la legislación es innecesaria e injusta.
A partir del 16 de enero, el proyecto de ley fue remitido al Comité de Asuntos Municipales, del Condado y Locales del Senado para su revisión adicional.
Relaciones con China
Otra preocupación en torno a estas operaciones de minería de criptomonedas que surgen dentro de las fronteras estadounidenses son sus vínculos con China.
Varias de estas operaciones son propiedad directa o indirecta de entidades chinas.
El año pasado, MineOnce, una instalación minera propiedad mayoritaria de ciudadanos chinos, recibió una orden de desinversión de la administración Biden por estar extremadamente cerca de la Base Aérea Francis E. Warren en Cheyenne.
El gigante tecnológico Microsoft emitió una alerta a fines de 2023 advirtiendo que el sitio podría ser una operación de recopilación de inteligencia de espectro completo.
Un mes después, ese mismo año, la senadora Elizabeth Warren advirtió que un tercio de las instalaciones de minería de criptomonedas en Estados Unidos eran propiedad de chinos y algunas tenían vínculos directos con el gobierno chino.
Además, Warren alegó que estas empresas han enviado millones de dólares a China en secreto e instó al gobierno a tomar medidas inmediatas.
Preocupaciones por la minería de criptomonedas en todo el mundo
Más allá de Estados Unidos, el sector de la minería de criptomonedas ha enfrentado cada vez más escrutinio debido a su impacto significativo en las redes eléctricas locales, la degradación ambiental y los informes de actividades mineras ilegales.
Cada vez más países están redactando regulaciones que buscan controlar este sector en auge a medida que las criptomonedas se vuelven populares.
Por ejemplo, Rusia legalizó la minería de criptomonedas para entidades registradas y estableció límites para los mineros más pequeños.
Mientras tanto, se impuso una prohibición de seis años a la minería de criptomonedas, vigente del 1 de enero de 2025 al 15 de marzo de 2031, para múltiples regiones donde las actividades mineras han ejercido presión sobre las redes eléctricas locales.
En otros lugares, los reguladores de Malasia y Tailandia han llevado a cabo redadas contra operaciones mineras ilegales acusadas de robo de electricidad.
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