En una importante escalada de la presión económica, el presidente Donald Trump anunció el lunes que cualquier país que compre petróleo y gas a Venezuela se enfrentará a un arancel del 25% sobre todo el comercio con Estados Unidos.
La política entrará en vigor el 2 de abril, según reveló Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social.
Esta audaz medida sirve tanto como advertencia financiera a los gobiernos extranjeros como reflejo de las tensiones continuas entre Washington y Venezuela.
Reacción del mercado
Los mercados petroleros mundiales reaccionaron inmediatamente al anuncio.
A las 10:54 am ET, los precios del crudo estadounidense habían subido 77 centavos, o un 1,13%, hasta los 69,05 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, la referencia mundial, ganó 73 centavos, o un 1,01%, hasta alcanzar los 72,89 dólares por barril.
Los analistas advierten que el nuevo arancel podría intensificar las fluctuaciones del precio del crudo, ya que el petróleo venezolano lleva mucho tiempo operando bajo sanciones estadounidenses.
Esta medida también podría impulsar a las principales naciones importadoras de petróleo a reconsiderar sus alianzas energéticas y sus estrategias de abastecimiento.
Mientras tanto, la administración Trump indicó recientemente un posible cambio en su política hacia Venezuela.
El 20 de marzo, funcionarios declararon que estaban considerando extender la licencia de Chevron para operar en Venezuela, a pesar de haber ordenado previamente a la compañía que cesara sus operaciones antes del 3 de abril.
Desde 2022, Chevron ha sido responsable de la exportación de aproximadamente 200.000 barriles diarios de crudo venezolano, aproximadamente una cuarta parte de la producción total del país, según Reuters.
¿Cómo cobraría Estados Unidos este arancel a un tercero?
El economista Aldo Contreras, en declaraciones a Invezz , cuestionó la viabilidad de imponer un arancel del 25% a las naciones que compran petróleo venezolano, particularmente aquellas fuera de la jurisdicción estadounidense.
“¿Cómo cobraría Estados Unidos este arancel a un tercero, especialmente cuando esas transacciones se producen fuera de la jurisdicción legal estadounidense?”, preguntó, argumentando que la aplicación podría resultar logísticamente inviable.
Contreras también señaló que si empresas estadounidenses como Chevron están exentas de la política, podrían terminar asumiendo ellas mismas la carga arancelaria.
“Si se exige a Chevron que pague el impuesto del 25% sobre sus operaciones, se alteraría fundamentalmente su estructura de costes”, explicó.
En cuanto a los compradores extranjeros, Contreras destacó una laguna jurídica crítica:
“Si Europa compra petróleo directamente a Venezuela sin la intervención de Estados Unidos, no veo cómo Estados Unidos podría aplicar un arancel del 25% a esa transacción”.
Esto plantea serias dudas sobre la eficacia global de la política.
Si el arancel se implementa con éxito, Venezuela podría tener que ajustar su estrategia de precios para seguir siendo competitiva.
“Para compensar el arancel, Venezuela podría verse obligada a descontar su petróleo en un 25%, lo que afectaría significativamente sus ingresos”, advirtió Contreras.
“En lugar de arriesgar 5.000 millones de dólares en ingresos potenciales con Chevron, podrían enfrentarse a pérdidas de solo 1.250 millones de dólares, lo que supondría un importante revés financiero”.
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